La Contraloría de Perú alertó que la morgue del Callao, provincia junto al departamento de Lima, no cuenta con los materiales necesarios para realizar necropsias y que en su lugar utiliza herramientas domésticas como cuchillos de cocina y martillos de carpintero, además de no contar con un sistema de ventilación adecuado, difundieron medios este sábado.

A través de un comunicado en su sitio web, la Contraloría peruana, detalló que "la sala de necropsias no cuenta con el equipamiento e instrumental básico. Para las necropsias, se utilizan herramientas domésticas, como cuchillos de cocina, martillos de carpintero, reglas plásticas de escritorio, tablas para picar de cocina, entre otros".

La morgue a la que se refiere es la Unidad Médico Legal II Callao, y la institución señaló que "hay riesgos de biocontaminación por residuos desechados sin tratamiento en alcantarillado público".

Añadió que hay deterioro de las conexiones de agua y los residuos sólidos orgánicos generados por las necropsias pasan de frente al desagüe, sin ser tratados antes de ser desechados y son transportados directamente a la red de alcantarillado público.

Destacó que esta no cuenta con sistema de ventilación ni ducto extractor de aire.

"El formol es inhalado por el personal con riesgo de sufrir irritación de ojos o del sistema respiratorio. Este tipo de gases está asociado al riesgo de padecer cáncer de senos paranasales, nasofaríngeo y pulmón", detalló la Contraloría.

Además, el local tampoco cuenta con un sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida ante posibles cortes súbitos de la red eléctrica local que genera el riesgo en la conservación de tejidos y otras muestras biológicas.

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Y los resultados de examen anatomopatológico (tejido de un paciente) varían entre 150 días (cinco meses) y 528 días (un año y medio), lo que supera el plazo de siete días establecidos en el Ministerio Público.

"Para la Contraloría, el marco normativo que regula directa o indirectamente las operaciones de la Unidad Médico Legal II Callao es insuficiente para garantizar la finalidad pública y limita el ejercicio de acciones de supervisión y control", concluyó el informe, que se elaboró con datos del 2021 y 2022.