Samuel García, ex precandidato presidencial de MC, intentó pasar por encima del Congreso de Nuevo León para nombrar al gobernador interino del estado mientras se iba a hacer campaña, envió a la policía para evitar que Luis Enrique Orozco –nombrado por el Legislativo– tomara posesión y ahora se rehúsa a reconocerlo como mandatario legítimo, lo que tiene a Nuevo León en una crisis política sin precedentes.

Su aspiración presidencial, su constante conflicto con el Congreso y su inobservancia del principio de separación de poderes llevaron al emecista a crear esta inestabilidad, en la que ha tenido que intervenir la Corte y el Tribunal Electoral.

Ahora, tanto García como Orozco se desempeñan como gobernadores, el primero después de que publicó un decreto en el Periódico Oficial del Estado para así establecerlo, y el segundo por haber sido nombrado por los diputados locales.

Pugna añeja

El problema con el Poder Legislativo local, que está controlado por el PAN y el PRI, a quienes como Gobernador García dijo que quiere eliminar del Estado, empezó mucho antes del nombramiento del interino.

Temas como el nombramiento del fiscal del Estado, así como cambiar el lema Semper Ascendens (Siempre ascendiendo) por la leyenda El Gobierno del Nuevo Nuevo León, provocaron choques entre ambos poderes.

Estos se incrementaron una vez que García buscó imponer al secretario de Gobierno, Javier Navarro, como gobernador interino, a pesar de que el TEPJF y la Corte declararon que el nombramiento recaía sobre el Congreso.

Por días, el ex aspirante argumentó que juzgadores respaldaron su decisión, además de utilizar encuestas para argumentar que el “pueblo de Nuevo León” apoyaba su decisión, a pesar de ir en contra de la ley.

Figuras de su partido como el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y la senadora Indira Kempis señalaron que la Constitución era clara al establecer que el nombramiento recae en los legisladores.

Esto no fue suficiente, y el mandatario insistió en hacer todo lo que pudo para frenar el nombramiento de Orozco; incluso, llevar a la policía al Palacio de Gobierno para evitar que quien fue nombrado por los diputados pudiera entrar a trabajar.

Tuvo que llegar una suspensión por parte de la máxima autoridad judicial del país, la SCJN, para establecer que el mandatario estatal debía ser aquel que fue nombrado por el Congreso.

Esta sentencia fue reforzada ayer a través de X, a pesar de que el anuncio llegó el viernes por la noche, lo que obligó al emecista a postergar sus aspiraciones hasta 2030, y anunciar su regreso como gobernador.

Esta última maniobra abrió una nueva crisis: la de establecer quién gobierna el estado, ya que García cuenta con licencia, por lo que no podría llevar a cabo actos de gobierno; de lo contrario, podría ser acusado de delito de usurpación de funciones públicas.