En materia de seguridad, Sinaloa está todavía muy lejos de poder congratularse, pues aún hay muchas cosas por mejorar, reconoció el secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, quien en contra parte destacó el quinto lugar que ocupa el estado a nivel país, en materia de Índice de Estado de Derecho y segundo lugar en sistema de justicia penal, de acuerdo con el organismo World Justice Project.
Durante la conferencia semanera de este lunes 16 de octubre, el secretario General de Gobierno presentó además las estadísticas de pobreza elaboradas por Coneval y destacó que Sinaloa bajó del 28.1 en 2020 al 21.6 en 2022, mientras que a nivel país es del 36.3 por ciento de la población vive en circunstancias de pobreza, situación que ubica a nuestro estado en el lugar 26 en este rubro.
Así se defendió el secretario General de gobierno, al cuestionársele en torno a las estadísticas publicadas por el organismo México Evalúa, donde se presenta a Sinaloa con un 95 por ciento en materia de impunidad, índice que en ningún momento fue descalificado por Inzunza Cázarez.
En cuanto a la medición de la pobreza extrema, informó que el porcentaje es de 1.8 por ciento, cantidad también menor a la media nacional de 7.1 por ciento y que coloca a Sinaloa en el décimo estado en este indicador.
Inzunza Cázarez añadió que de acuerdo al CONEVAL, 185 mil personas en Sinaloa salieron de la línea de pobreza y dejaron de tener al menos una carencia social y un ingreso insuficiente para adquirir alimentos, bienes y servicios necesarios. Además, la población que no es pobre ni vulnerable se incrementó al pasar de un 31.7 por ciento en 2020 a un 36.2 en 2022.
El secretario de Gobierno consideró que lo anterior es producto de la implementación de los programas sociales que se llevan a cabo de manera conjunta con el Gobierno de la República, donde el objetivo es apoyar a los que menos tienen, a los más pobres, cuando durante décadas de políticas neoliberales fue al contrario, pues se privilegiaba el desarrollo de las altas esferas sociales, para que de alguna manera ese desarrollo bajara a las capas inferiores de la población, pero la evidencia histórica demuestra que esto no ocurrió así.
“Por eso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Rubén Rocha Moya están invirtiendo complemente este planteamiento, el tema de la justicia social no tiene qué ver con la falta de riqueza, tiene que ver con el reparto de la riqueza, y el presupuesto que es producto del impuesto que pagan todos los mexicanos tiene que ser una herramienta para corregir justamente esta desigualdad”, precisó.
Destacó que éste es el argumento para que el presupuesto que se usa en los programas federales del presidente de la República tenga ese aliento, que busca corregir las desigualdades más hirientes, generando para la población que está en la base de la pirámide condiciones mínimas dignas de bienestar.
Enrique Rodríguez
