Y es que durante la audiencia el equipo de abogados de la defensa pidió al juez que atendiera el principio de igualdad entre las partes y difiriera el proceso, debido a que poco menos de 24 horas, la Fiscalía les había hecho entrega de 7 tomos con más de 5 mil fojas y un complemento al tomo 20 de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, por lo que solicitaron un plazo razonable para imponerse de la nueva información y ejecutar una adecuada defensa.

A pesar de que los abogados de la defensa esgrimieron sus fundamentos con sustento sólidos y de forma magistral, el juez desoyó dichos argumentos y luego de un breve receso, determinó que permanecía la definición tomada pues no advertía vulneración al principio de igualdad, ello sin pronunciar ni un solo precepto legal, violando así el derecho al debido proceso de los imputados.

“No señaló ni un solo precepto, una sola fracción, un párrafo de la Constitución, un párrafo del Código del Estado por eso digo que es un mercenario y da tristeza el espectáculo que dio el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en esta audiencia”, declaró Ayala Vega.

Asimismo, advirtió que, aunque la audiencia haya sido suspendida irán a los tribunales federales por la falta de igualdad, de equidad y violación al debido proceso de todos los universitarios acusados.

Por su parte, el abogado Julio Hernández Barros lamentó que ante la guerra jurídica sembrada e inexistente, el juez no hiciera valer los derechos que asisten a los imputados, los cuales, ante el actuar del juzgador, se vieron obligados a revocar a sus abogados, en su pleno derecho de tener una debida defensa.

Además, pidió a la Fiscalía no señalar confundir diciendo que son prácticas dilatorias, el ejercicio y derecho que tienen de imponerse de la totalidad de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y conocer de qué se les acusa.

“El ejercicio de un derecho de los imputados es irrenunciable, el derecho que tienen los abogados y sus defensores de conocer qué, de qué y quién los acusa es un derecho humano consagrado en la Constitución, en el Pacto de San José y en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, expuso.

Ambos abogados reiteraron que continuarán proporcionando toda la ayuda jurídica y que no darán un paso atrás en la defensa de la dignidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa y su autonomía universitaria.