Ante dichas expresiones externamos nuestro mayor indignación, primero ante la omisión de su función de garantizar un Sinaloa seguro para las mujeres que es obligación del Estado Mexicano sustentado en tratados internacionales, así como en las legislaciones nacional y estatal. Segundo por la incapacidad para dimensionar el flagelo que representa la violencia para las mujeres en todos sus tipos y modalidades.

Le recordamos que el acoso sexual es un delito, que como gobernante es su responsabilidad combatir en su Gobierno y en cualquier sector de la sociedad, ya que según datos del Secretariado Ejecutivo Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública de este año, más del 90% de las denuncias contra la libertad y seguridad sexual las víctimas son mujeres.

Hacemos un llamado enérgico a la autoridad estatal, para que rectifique y ordene ante la Fiscalía General del Estado la apertura inmediata de investigación ante la complicidad e impunidad actual del caso.

Por un Sinaloa seguro para las mujeres, ni un paso atrás.