Ciudad de México. Enrique Cabrero, ex director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) consiguió que un tribunal federal le permitiera ocultar su declaración patrimonial. Pese a que en los últimos cinco años, jueces y magistrados habían rechazado una serie de amparos solicitados por diferentes servidores públicos para no transparentar sus declaraciones patrimoniales, el caso de Cabrero rompió la racha. 

El argumento que utilizó en esta ocasión fue que dichas declaraciones atentan contra la privacidad de sus datos personales sensibles. Desde 2019, altos funcionarios del Banco de México (Banxico), servidores públicos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y decenas de académicos del CIDE y otros centros de investigación promovieron al menos 159 juicios de amparo para evitar la publicación de los datos de sus declaraciones patrimoniales, de acuerdo con el informe de actividades 2017-2022 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), publicado en junio pasado. Cabrero forma parte de ese grupo de académicos del CIDE que han buscado la protección de la justicia federal para ocultar sus bienes.

Los quejosos reclamaban, en su mayoría, las modificaciones aprobadas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que amplió el espectro de servidores públicos obligados a la presentación de la declaración, pues antes de dichos cambios, ellos no reportaban sus bienes y su patrimonio. Sin embargo, según ese informe de la SESNA, instancia encargada de combatir esos recursos, a ninguno de los servidores públicos inconformes le habían dado la razón en tribunales y tuvieron que transparentar su patrimonio.

Pero en 2022, Cabrero Mendoza modificó su estrategia y esta vez alegó otra cosa: reclamó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no toma las “medidas proporcionales de tratamiento y divulgación de los datos personales” y que, por lo tanto, no garantiza la protección de sus datos sensibles. Fuentes que conocen el caso, consultadas por MILENIO, aseguran que es la primera vez que un tribunal otorga la suspensión para evitar la difusión de una declaración patrimonial, que es una obligación de ley, y advirtieron que la decisión de los magistrados abre la puerta a que otros servidores públicos pretendan hacer lo mismo para ocultar sus propiedades.

El caso de Cabrero Cabrero Mendoza dejó su cargo al frente del Conacyt al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora es investigador en el CIDE. El académico forma parte de los 31 investigadores del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que fueron acusados y son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, que habrían sido cometidos en el sexenio anterior. Según las fuentes consultadas, Cabrero presentó un primer juicio de amparo para no presentar su declaración patrimonial del año 2020, pero no tuvo éxito en la primera instancia judicial y el juicio está en revisión en segunda instancia. En ese entonces, en su recurso presentado junto con otros investigadores, el reclamo estaba dirigido contra las diferentes instituciones que conforman el Comité Coordinador del SNA. En 2021, Cabrero no interpuso ningún recurso contra la declaración patrimonial, pero en 2022, cambió su estrategia legal y decidió dirigir su reclamo únicamente a la SFP.

De acuerdo con los datos disponibles en el sistema de consulta de expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juicio de amparo lo interpuso ante el juzgado 16 de distrito, ante el cual reclamó “la omisión de tomar las medidas proporcionales de tratamiento y divulgación de los datos personales de la parte quejosa en términos del artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo anterior a efecto de garantizar la protección de los datos sensibles derivado de la difusión no autorizada de los datos personales de la parte quejosa con motivo de la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses realizada el día 28 de mayo de 2022”. Además, reclamó “la omisión de establecer y mantener las medidas de seguridad que permitan garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales de la parte quejosa vertidos en la declaración Patrimonial y de Intereses realizada el día 28 de mayo de 2022” y “la inminente publicación de los datos sensibles de la parte quejosa a través de la plataforma electrónica DeclaraNet misma que administra la Secretaría de la Función Pública”. (Milenio).