El abuso cometido contra la abogada Lucila Ayala por el gobierno en 2017 cuando fue destituida como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) le está saliendo caro al pueblo y ha metido al gobernador Quirino Ordaz y a la presidenta de la Jucopo del Congreso del Estado, Graciela Domínguez en un embrollo del que todavía no pueden salir.

Y es que ahora resulta que los 20 diputados con que sesionó y votó el dictamen que dejaba sin efecto el cargo de Héctor Samuel Torres Ulloa como presidente magistrado del Tribunal –ya no sabemos si actual o ex-- no son suficientes para considerar legal la sesión legislativa que concluyó a las 11:00 de la noche de este jueves, por lo que, de ser así, la votación tampoco tendría validez ni el efecto de rescindirle el cargo a Torres Ulloa.

El simple detalle de no cumplir con el procedimiento legal en 2017 fue bien aprovechado por la audaz abogada que ahora, sin importarle de dónde tenga que salir el dinero, ha logrado que se le tengan que pagar 2 millones de pesos por salarios caídos y que se le reinstale en el cargo de magistrada del TJA.

Grave error cometieron entonces el gobernador y su cuerpo de asesores, así como el propio Congreso que en 2017 presidía la entonces diputada Irma Tirado, cuando decidieron quitar a Lucila Ayala del Tribunal para colocar a Torres Ulloa, por así convenir a sus intereses políticos.

¿La falla? No cumplir con los numerales 5 y 7 de la Ley de Justicia Administrativa que dan la posibilidad a los jueces y magistrados de ser ratificados por un periodo más en el cargo.

Se tuvo que haber levantado un acta sobre la valoración del desempeño de Lucila Ayala y el magistrado Gilberto Plata, también destituido en ese momento, que sirviera de comprobante de que se cumplió con el procedimiento, aunque la decisión hubiera sido la misma, quitarlos ya del cargo. Pero no se cumplió con el trámite y no existe tal acta. Eh allí el detalle.

El caso es que Quirino y Tirado minimizaron el alcance de la abogada, quienes de haber sido un poco más cautos, habrían recordado que en 1995 Ayala de Moreschi llevó a cabo la defensa del caso de la denuncia y demanda de divorcio de Amalia Carrasco contra su esposo, el boxeador Julio César Chávez González, al que metió en serios aprietos y lo hizo que desembolsara una fuerte cantidad de dinero y transfiriera parte de sus bienes para que quedaron bajo el control de Carrasco.

En aquel entonces, Chávez se manifestó muy fastidiado por Ayala de Moreschi, como seguramente hoy lo han de estar el gobernador Quirino, la ex diputada Irma Tirado y la diputada Graciela Hernández, porque podrán ser muy buenos políticos, pero malos abogados.

Esta película apenas comienza y seguro pasarán muchas cosas en este tema que trae de cabeza al gobernador y a los diputados. Así es que, habrá que estar al pendiente.