Ciudad de México. Presentada hace más de 10 años, la denuncia del fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, contra varios funcionarios de patentes por registros de marcas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ha acelerado su curso, sobre todo desde su llegada al cargo. Con amago de archivo en 2014, mandada a reserva en 2017, la investigación se reactivó meses antes de su llegada, a finales de 2018. El año pasado, los investigadores trataron incluso de detener a cinco de los siete funcionarios implicados. En el caso de otra funcionaria, los fiscales mantienen viva las pesquisas pese a la pérdida definitiva de recursos en tribunales.
Gertz presentó la denuncia ante la Fiscalía federal en 2011, ajeno a la vida pública, cuando era rector del centro educativo rival del de Puebla, la Universidad de las Américas, A. C, con sede en Ciudad de México. A diferencia de la lentitud de los primeros años, los investigadores continúan ahora con las pesquisas, solo que ahora con Gertz al mando de la misma dependencia.
EL PAÍS ha revisado la denuncia original presentada por la mano derecha de Gertz, el actual subprocurador Juan Ramos, además de otras diligencias que constan en el expediente, actuaciones del Ministerio Público y de los defensores de los denunciados. Este diario ha mantenido igualmente entrevistas con abogados de los afectados. Sus nombres no aparecen en estas líneas por temor a posibles represalias del fiscal. Los acusados son en total siete, con Jorge Amigo, exdirector del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), al frente.
Gertz les acusa de “uso indebido de atribuciones o facultades”, delito que comprende penas de seis meses a 12 años de cárcel. En esencia, el fiscal señala que los funcionarios otorgaron registros de marca a la UDLAP de mala fe, pues la dueña del nombre “Universidad de las Américas” es la UDLA, A. C., centro educativo que él dirigió al menos entre 1995 y 2018. Separadas desde 1985, UDLAP y UDLA A. C., nacieron como una sola años atrás. En la ruptura, ambas partes firmaron un acuerdo que establecía que la UDLA A. C. permitía el uso del nombre a la otra. El documento no impedía que la UDLAP registrara sus propias marcas ante el IMPI.
Desde hace algo más de un año, la maraña de conflictos y sospechas que rodea al fiscal ha dominado la conversación sobre su figura, hasta el punto de que el asunto de la marca de las universidades ha pasado relativamente inadvertido. Gertz ha sido cuestionado por no informar sobre su patrimonio, divulgado a cuentagotas en notas periodísticas. Ha sido criticado por alguna de sus cruzadas al frente de la FGR, caso por ejemplo de la acusación por delincuencia organizada contra un grupo de científicos. También se le ha señalado por el extraño camino que siguió su inclusión en el Sistema Nacional de Investigadores, negado antes de su llegada a la Fiscalía. Aunque nada como el pleito contra su familia política, que este diario documentó a mediados del año pasado.
El caso de las patentes recuerda precisamente al pleito familiar del fiscal. El conflicto inició con la muerte de su hermano, Federico Gertz, en septiembre de 2015 en la capital. El fiscal acusó a la pareja de su hermano, Laura Morán, de su asesinato. Según Gertz, Morán y al menos una de sus hijas, Alejandra Cuevas, no cuidaron debidamente al hermano enfermo, causándole la muerte. Cuevas está en prisión por este caso desde octubre de 2020 y Morán se ha librado por la edad. La mujer cuenta 95 años.
A la muerte de su hermano, Gertz denunció el caso ante la fiscalía de Ciudad de México, pero los investigadores dieron carpetazo a la denuncia al considerar que no había pruebas. Solo cuando el actual fiscal se puso al frente de la FGR, la agencia investigadora de la capital reactivó el caso, consiguiendo la detención de Cuevas. Antes, Gertz denunció a los fiscales que habían archivado la denuncia, caso que apenas avanzó, de nuevo, hasta que él llegó a la FGR.
La similitud del pleito familiar con el de las patentes apunta precisamente a la estrategia jurídica del fiscal. En ambos casos, Gertz ha puesto en la mira a los funcionarios que desestimaron sus denuncias. Primero, a los tres agentes de la fiscalía de Ciudad de México que archivaron el caso de asesinato. Y luego, a los siete del IMPI que otorgaron algún tipo de registro a la UDLAP a lo largo de los años.
