Ciudad de México.  La industria armamentista de Estados Unidos obtiene alrededor de 250 millones dólares anuales (más de 5 mil millones de pesos) por ganancias relacionadas al tráfico ilícito de sus productos a México, señaló el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Alejandro Celorio.

El paso ilegal de armamento, agregó, tiene “devastadoras” consecuencias para el país, debido a que en su mayoría termina en poder de grupos del crimen organizado.

En entrevista con La Jornada para hablar de las expectativas en la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano ante una corte federal de Massachusetts contra un grupo de fabricantes estadunidenses –esto luego de la réplica de México a la posición de los demandados, presentada en lunes pasado–, Celorio indicó que se cuenta con evidencia para acreditar la negligencia de los armeros en la promoción y comercialización de sus productos.

Refirió que el juez F. Dennis Saylor, quien revisa el litigio, tiene en sus manos “cerrarle la llave” a la delincuencia organizada para obtener estos productos. “Decidirá con base en el derecho, no puede hacerlo por apreciaciones políticas. Ofrecimos muchos elementos, si decide detener el litigio y darle la razón a las demandadas, tendrá que hacer una formulación que supere nuestros argumentos. Lo veo difícil, aún no hay que cantar victoria”.

Celorio hizo especial mención del respaldo a México, expresado a través de la figura de amicus curiae (amigos de la corte) de 14 procuradores generales de varios estados, fiscales distritales de todo el país y varias de las principales organizaciones civiles estadunidenses dedicadas a la prevención de la violencia de las armas.

En estos documentos, subrayó, se presentan argumentos que refieren que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) –de carácter federal y aprobada en 2005– no tiene efectos extraterritoriales y viola dos leyes estatales.

“La PLCAA es el mayor obstáculo que tenemos, pero los amicus curiae resultan fundamentales. En uno, expertos en el tema le dicen al juez que esa ley no tiene efectos extraterritoriales y no protege a las empresas de lo que sucede en México. Con base en ese argumento no se puede desechar el litigio. (La Jornada).