Ciudad de México. La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa representa “un caso emblemático no sólo para México, sino para el mundo (…), lo dramático es que se trata sólo de un caso de más de 90 mil” en el país, sostiene el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado. A siete años, admite un viraje en la investigación para esclarecer no sólo el destino de los jóvenes, sino para indagar la complicidad de funcionarios de todos los niveles.

Un cambio que ha permitido allegar aportaciones de inteligencia, la identificación de dos estudiantes y mucha mayor claridad sobre los actores no estatales. “Hay que reconocer que con el paso del tiempo es muy difícil que respondan a las expectativas de los familiares, pero hay que ver hacia dónde avanza la investigación”. Aún hay deficiencias que deben corregirse, como la lentitud en cumplimentar órdenes de aprehensión y de extradición o recuperación de pruebas.

En entrevista con La Jornada, subraya la voluntad política del nuevo gobierno expresada al más alto nivel con una comisión presidencial, “nadie dice que sea fácil, pero es lo mínimo que debe existir desde el Estado”. En lo penal o de derechos humanos, la acción rápida y oportuna es esencial. Al paso del tiempo esto afecta todo el rumbo.