La decisión que tomaron los diputados locales de regresar al gobernador la facultad de remover al titular de la Fiscalía General del Estado es regresar a un modelo que fue un total fracaso, cuando lo que se debe hacer es fortalecer la autonomía y hacer que funcionen el observatorio ciudadano y la transparencia y rendición de cuentas en la procuración de justicia, criticó el comisionado nacional de Derechos Humanos, Lamberto López.

El ombudsman planteó en cambio, que en todo caso debe ser el propio Congreso el que tenga las facultades para en base a los resultados poder remover al Fiscal del Estado. Y fue más allá el comisionado de derechos humanos, al dejar en claro que el problema de la fiscalía es que no cuenta con los recursos tecnológicos, humanos y financieros para garantizar eficiencia y eficacia en los resultados.

Lamberto López sostuvo que la designación de los titulares de la Fiscalía, el Tribunal de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos no puede estar a merced de un partido político o del propio gobernador, por lo que convocó a que los cambios que se realicen en esa materia cuenten con la participación de la ciudadanía.

El pasado 10 de septiembre, en sesión pública extraordinaria, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General para establecer que su titular deberá formular un Plan Estratégico de Persecución Penal y actualizar causales por las cuales podrá ser removido por el Gobernador.

Enrique Rodríguez