Un juez federal de Texas ordenó a la Casa Blanca que restaure el programa "Permanezcan en México" (MPP por su sigla en inglés), que obligaba a las personas que solicitaban asilo en la frontera sur de Estados Unidos a esperar en México mientras se tramitaban sus peticiones.
La decisión del juez da al gobierno del presidente estadunidense Joe Biden siete días para apelar el fallo o, de lo contrario, poner de nuevo en marcha el programa.
Al iniciar su gestión, Joe Biden suspendió las inscripciones en ese programa, impulsado en 2019 por el gobierno de su predecesor, Donald Trump, y por el que Estados Unidos envió a más de 60 mil migrantes que cruzaron la frontera a esperar en México, durante meses, sus citas ante jueces migratorios.
En febrero, el gobierno de Joe Biden empezó a permitir la entrada en Estados Unidos de migrantes con casos activos bajo el MPP y en junio, el Departamento de Seguridad Nacional puso fin al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.
El juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Donald Trump para su cargo en una corte, dio la razón a los fiscales generales de Texas y Misuri, que habían demandado a la administración de Biden en abril por su decisión de acabar con el programa.
Kacsmaryk opinó que la orden por la que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, puso fin oficialmente al programa en junio violó la ley federal administrativa y no tuvo en cuenta los "beneficios" del programa, entre los que citó su presunto efecto disuasorio entre potenciales migrantes.
El magistrado consideró que el fin de esa política daña los intereses de Texas y Misuri, porque los migrantes que llegan a Estados Unidos en espera de sus citas ante tribunales migratorios pueden recurrir a servicios sanitarios o educativos en el país.
Kacsmaryk ordenó al gobierno de Joe Biden restaurar el programa al menos hasta que encuentre una forma de "rescindirlo de forma legal", y hasta que el Ejecutivo tenga la capacidad necesaria para detener a todos los solicitantes de asilo que, en ausencia de esa política, pueden entrar en Estados Unidos.
Si el gobierno de Joe Biden apela la decisión y el litigio se alarga, es posible que la batalla acabe en el Supremo, que en marzo de 2020 ya dio la razón a Donald Trump y le permitió seguir implementando el MPP, aunque no entró a valorar el fondo ni la constitucionalidad de la política.
En ese caso, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos presentó una demanda contra la política por considerar que violaba las obligaciones estadunidenses en materia de migración y asilo, al enviar a los migrantes al norte de México, donde podían ser víctimas de redes de trata o secuestrados para exigir un rescate.
La decisión del juez se realiza mientras los migrantes continúan llegando a la frontera sur de Estados Unidos. En julio, las autoridades estadunidenses detuvieron en la frontera sur a 212 mil 672 personas, la cifra más alta en 20 años.