Ciudad de México (Expansión). Parado frente a sus paisanos, en el corazón de la Chontalpa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida a uno de los 25 programas estrellas de su administración: Sembrando Vida.
La mañana del 1 de febrero del 2019 López Obrador regresó a su tierra natal y la región, donde hace más de 40 años arrancó su carrera política, para inaugurar el programa con una meta ambiciosa: sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, para atender la pobreza rural y la degradación ambiental en el sur-sureste, la región más abandonada de México.
Tan solo en Tabasco, aseguró, se generarían 60,000 empleos para campesinos en seis años. Sus palabras fueron órdenes: el estado gobernado por Morena, el partido fundado por el presidente, no tuvo que esperar al término del sexenio, pues ese mismo año, superó la meta de beneficiarios que se trazaron como objetivo. En contraste, cuatro estados de oposición que fueron marcados como prioritarios de atención, junto con Tabasco, se quedaron sin un solo peso para sus campesinos.
El caso de la entidad donde López Obrador formó a su familia, llamó la atención de los expertos contables de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su reporte de la Cuenta Pública del 2019 (la primera fiscalización del gobierno de AMLO), la ASF detectó que en ese estado la Secretaría del Bienestar, que maneja el programa y los recursos, dio una cobertura del 112.2% de la población objetivo, beneficiando a 55,456 personas, 6,011 más de lo que se tenía planeado, convirtiéndose, después de Chiapas, en el segundo estado con mayor número de beneficiarios.
El órgano auditor alertó que en la entidad se otorgaron recursos a beneficiarios, que no formaban parte de la población objetivo, sin que la dependencia indicara las causas.
En contraste, la ASF detectó que en ese año no se entregaron apoyos en: Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala, pese a que dichas entidades estaban dentro del área de enfoque.
En ese momento y hasta hoy, los cuatro estados son gobernados por partidos de oposición al gobierno federal: Michoacán por Silvano Aureoles del PRD, San Luis Potosí con Juan Manuel Carreras y Tlaxcala con Marco Mena del PRI.