Tras el revés que un juez ya puso a la reforma eléctrica de López Obrador, a apenas un día su puesta en marcha, el mandatario acusó que algunos jueces están solo defendiendo los intereses de la reforma energética de la administración de Peña Nieto, la cual dijo no se eliminará: "Solo le quitaremos las aristas más dañosas".

"A penas se publica la reforma y ahí va el amparo. Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la judicatura haga una investigación de estos jueces. Sería el colmo que el poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares, vamos a ver este asunto", dijo en su conferencia matutina de este viernes.

El día de ayer, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, en respuesta a dos amparos recibidos por las empresas Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana, ordenó la suspensión provisional de todos los efectos de la reforma, que apenas un día antes había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este juez ya había estado en la mira de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien apuntó contra él por haber antes dejado sin efectos el Acuerdo emergente del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y la Política Pública de Confiabilidad del sistema eléctrico de la Secretaría de Energía.

"Estos jueces surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas y no el internes nacional", dijo esta mañana, en esta misma línea, el presidente.

En ese sentido, el mandatario reiteró que su gobierno no busca eliminar la reforma energética de 2014, pero sí precisó: "Necesitamos quitarles las aristas más filosas y dañinas de la reforma".

Como ya ha mostrado, eso ha implicado duras revisiones de los contratos que han derivado en modificaciones de los mismos, bajo el argumento de que resultaron "leoninos", es decir, con grandes costos para el gobierno, pero pocos beneficios.

Insistió entonces que no busca terminar negocios, pero que los que continúen deben dejar beneficios a la nación y para ellos, ganancias "razonables". Insistió también que ellos están abiertos al diálogo, no se trata de cancelar contratos.