El gobierno federal anunció este jueves su estrategia para proteger a los más de 21,000 candidatos que estarán en contienda este año, que incluye instalar mesas de trabajo y reforzar la seguridad en estados y municipios de alto riesgo, para evitar amenazas, intimidaciones o cooptaciones del crimen organizado o delincuentes “de cuello blanco”.  

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la estrategia busca prevenir, erradicar y sancionar la violencia política y brindar protección a los abanderados.

“Se heredó el partido de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Hubo regiones del país donde decidían los candidatos y lo buscan actualmente, controlando mediante campañas de miedo”, dijo durante la conferencia mañanera.

Desde septiembre de 2020, cuando arrancó oficialmente el proceso electoral, a febrero, cuando concluyeron las precampañas, se han registrado 73 delitos relacionados con política, en los que 64 personas fueron víctimas de homicidio.

Uno de los acontecimientos más recientes es el asesinato de Rodrigo Sánchez Flores, precandidato a la alcaldía de Tamazunchale, San Luis Potosí. El exlíder juvenil del PRI fue atacado a balazos junto con su esposa y padre, cuando se transportaban en su camioneta.

La secretaria de Seguridad advirtió que hasta ahora más de la mitad de la violencia contra políticos se concentra en siete entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

Además, reveló que hay siete estados donde existe mayor riesgo de que los candidatos busquen ser cooptados por el crimen organizado: Morelos, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz y Jalisco; de estas entidades, tres tendrán elecciones de gobernador.

“(Hay) un partido que intenta también competir, que es el partido del crimen. Establecen campañas del miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian”, dijo Rodríguez.

Las elecciones del 6 de junio serán las más grandes de la historia, pues se renovarán 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1,926 presidencias municipales.

Para proteger a los candidatos, se establecerán mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, las fiscalías y autoridades locales, para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de candidatos con posibles vínculos con la delincuencia organizada o “de cuello blanco”.

También se prevé reforzar la seguridad en estados y municipios de alto riesgo. Con presencia de las fuerzas de seguridad, se establecerán protocolos territoriales especializados en incidencia delictiva y riesgos para el proceso electoral, y se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados.

“Es claro que, como bien dijo el señor presidente, se heredó el partido de la delincuencia organizada, y no permitiremos que ellos decidan o amenacen. Haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral”, afirmó Rodríguez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la protección busca garantizar que los candidatos que lleguen al poder sean electos por los ciudadanos y no por el crimen, pero aclaró que la protección a los abanderados será voluntaria.

“La protección tiene que ser voluntaria, aceptada, no puede ser una intromisión por la fuerza a un proceso electoral, tiene que ser de acuerdo con las autoridades, también con los organismos electorales, pero nadie podría oponerse a esto, incluso tendría que participar la CNDH para proteger a los candidatos y que las elecciones sean libres y limpias”, aseguró el mandatario.