La aparición ayer del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para anunciar, en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, la solicitud del juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y aclarar que las acusaciones en torno al mandatario panista no eran una “venganza política”, significa que la FGR está de vuelta.  Tras una larga y somnolienta pausa, a pesar de tener varias investigaciones y acusaciones de corrupción promovidas por el gobierno de la 4T contra personajes políticos y empresarios del pasado reciente y también del presente, la Fiscalía empezó a solicitar órdenes de aprehensión y a judicializar carpetas de investigación que durante varios meses estuvieron dormidas pero que hoy, en vísperas de las campañas electorales de este 2021, comienzan a ser reactivadas en busca de un efecto político y mediático que, sin lugar a dudas, busca influir en el ánimo de los electores rumbo a las votaciones del 6 de junio.

No es casual que después de que varios miembros del gabinete de la 4T se quejaran de la lentitud de los procesos de integración e investigación de la FGR para judicializar denuncias hechas por el gobierno y de que el propio presidente López Obrador llegara a expresar a sus colaboradores cercanos su descontento con la tardanza del fiscal para dar resultados en las denuncia e investigaciones de corrupción, Gertz Manero haya acudido a Palacio Nacional justo el día en el que se activó la denuncia en contra de un gobernador de oposición y contra un empresario como Raúl Beyruti, considerado "Rey del outsourcing” y al que el propio presidente había aludido más de una vez en la mañanera, sin que se procediera en su contra, a pesar de que en ambos casos, el de Cabeza de Vaca y el de Beyruti, las denuncias tenían más de un año presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y por la Secretaría de Hacienda, sin que la FGR procediera en contra de los acusados.

Parece que al fiscal Gertz se le juntaron dos urgencias: por un lado los cuestionamientos y quejas dentro del gabinete y del propio presidente por la falta de efectividad y avance en las denuncias que presentaban desde el gobierno federal, y por otro lado su necesidad de que la mayoría de Morena en el Senado le apruebe sus reformas a la Ley Orgánica de la FGR que comenzaron a ser cuestionadas y descalificadas por funcionarios del gabinete federal que criticaban los cambios que propone el fiscal para fortalecer su poder y modificar la estructura operativa de la Fiscalía. Es como si de pronto, para congraciarse con el presidente, el fiscal haya decidido reactivar denuncias y carpetas que, en estos momentos precisos de contienda electoral, cobran un especial valor para el presidente López Obrador y su interés prioritario para que Morena conserve la mayoría legislativa en las votaciones del próximo 6 de junio.

Lo interesante será ver cuántas denuncias más, de las varias que ha presentado la UIF, la Secretaría de la Función Pública y otras áreas de la administración lopezobradorista van a ser reactivadas y judicializadas por la Fiscalía General de la República, que tiene una larga fila de denuncias que no han sido debidamente investigadas ni documentadas, empezando por la carpeta del caso Lozoya, en la que de 70 políticos, excongresistas y exfuncionarios acusados, incluidos tres expresidentes de la República señalados por el exdirector de Pemex, el Ministerio Público apenas judicializó una, la del exsenador panista, Jorge Luis Lavalle, que justo fue pospuesta un día antes de la primera audiencia judicial, hace ya un mes, el pasado 25 de enero, sin que hasta el momento la FGR haya pedido reanudar la sesión que le pidió al juez suspender, por “riesgos de la pandemia”.

Pareciera que después de un impasse, en el que también influyó el confinamiento tan largo que se impuso Gertz Manero, que dejó de ir a su oficina durante casi un año por miedo a contagiarse del Covid, y luego de que se desataran versiones de que en ausencia del fiscal el control lo tenían los subprocuradores que estaban tomando todas las decisiones, finalmente el fiscal entendió aquello de que “santo que no es visto no es adorado” y finalmente reapareció junto al presidente López Obrador para mandar el mensaje de que la Fiscalía está nuevamente activa para cumplir su papel en este gobierno en el que, pese a la autonomía que tanto reivindica el fiscal en el discurso, en los hechos la FGR sigue siendo el “brazo jurídico” de la 4T.

Así es que, a todos aquellos que estén en la lista de carpetas y denuncias pendientes en la FGR, sean políticos, exfuncionarios o empresarios, es momento de comenzar no a preocuparse, sino a ocuparse y a conseguir una defensa jurídica.  Porque en plena época electoral, un mes antes de que empiecen las campañas de los comicios estratégicos de este 2021 —donde la prioridad del presidente López Obrador es mantener su mayoría legislativa para poder continuar su “transformación” en la segunda mitad del sexenio— las carpetas judiciales y las denuncias penales se convertirán en un elemento constante y que influirá, a querer o no, en las votaciones nacionales y locales del próximo mes de junio. Si alguien creyó, por un momento, en la autonomía del fiscal y de la Fiscalía General de la República, fue por ingenuidad o por falta de información.

¿Hasta dónde puede llegar la acusación en contra del gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca? Según la Constitución federal, en su artículo 111, si la Cámara de Diputados aprueba el  juicio de procedencia solicitado por la FGR, como es muy probable que ocurra por la mayoría de Morena, las denuncias en su contra pueden proceder, pero antes se necesita que el Congreso Local de Tamaulipas, que recibiría el juicio de los diputados federales, aprobara por mayoría calificada de tres cuartas partes de sus integrantes, la declaración de procedencia y que luego, si es que la aprueban los diputados locales, la mande al Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas para que sus magistrados aprueben, también por mayoría, el desafuero y procedencia en contra del gobernador panista. Sólo en ese caso la Fiscalía podría procesar penalmente a Cabeza de Vaca y pedir una orden de aprehensión en su contra. Pero siendo realistas, ni la mayoría panista del Congreso tamaulipeco, ni el Tribunal de Justicia estatal, controlado por el gobernador, darán su aval al juicio de procedencia, que aun cuando fuera aprobado en San Lázaro, no tendrá ningún efecto penal, mientras Francisco García Cabeza de Vaca sea gobernador en funciones. Tal vez a sabiendas de ese “candado” que contiene la Constitución de Tamaulipas, fue que Cabeza de Vaca se envalentonó tanto y, sin avisar, se presentó en el Palacio Legislativo de San Lázaro para pedir que le notificaran de los delitos y acusaciones en su contra, y lanzar desde ahí su discurso de que “se trata de una persecución política porque no quise someterme a este gobierno federal (el de López Obrador) por lo que están muy enojados y me inventan acusaciones”. Cabeza se siente muy seguro y protegido por la constitución local, pero hay algo que podría cambiar el próximo 6 de junio si es que el PAN no gana la mayoría de los diputados locales y Morena avanza en el Congreso tamaulipeco… Por cierto, que este viernes está anunciada una reunión de los gobernadores de la Alianza Federalista, de la que es parte activa Cabeza de Vaca. Será interesante ver cuántos de los 11 estados que integran esa alianza de mandatarios opositores a López Obrador se presentan a la reunión y cuántos le dan su respaldo al gobernador tamaulipeco o de plano cuántos ya mejor ni se presentan y hablan con su ausencia…Se lanzan los dados. Capicúa. Se repite el tiro.