Aunque ya estemos en diciembre, ahí viene otro choque de trenes entre el INE y los actores políticos, a unos meses de la elección de 2021, la más grande de la historia de México.

Y será un agarrón doble. Esta semana, el árbitro electoral se alista para hacer valer sus facultades en temas que erizan los nervios de diputados, partidos políticos y aspirantes a cargos de elección. 

Primero: se prevé que el Consejo General del INE ponga un freno a los diputados, que se despacharon con la cuchara grande al aprobar un acuerdo para que ellos solitos se  autodiseñen las  reglas de su propia reelección. La herradura electoral les pondrá un alto.

El plan es aprobar el acuerdo que ya habían presentado hace dos semanas y que no ha sido sometido a votación en el Consejo General, porque los diputados reclamaron airadamente que no estaban de acuerdo en pedir licencia a sus cargos y dejar de recibir su salario en los dos meses que durará la campaña.

Entraron en negociaciones pero, el pasado jueves, el pleno de la Cámara de Diputados, de manera unilateral, aprobó un acuerdo –con sus reglas– para la reelección. Esto sin decirle agua va a sus interlocutores del INE, lo que causó molestia. 

Claro, los diputados se regresaron a sí mismos la libre decisión de renunciar o no a sus cargos y a sus sueldos para hacer campaña en busca de la reelección. Así como lo lee: defienden con uñas y dientes dos meses de sus ingresos, privilegio que, obviamente, no tendrán quienes compitan por una curul en San Lázaro desde afuera.

Sólo que hay un detalle: tuvieron desde 2014, año en que fue aprobada la reforma constitucional que permite la reelección para el Congreso de la Unión, para redactar la ley secundaria con las reglas de procedimiento que hoy causan conflicto. 

Dejaron pasar los años y, en marzo pasado, ya con la pandemia encima, los diputados sacaron un dictamen aprobado por el pleno, en el que tampoco se imponían la obligación de pedir licencia para hacer campaña de reelección. Hubo tantas críticas que, en el Senado, ni siquiera se abordó, pues el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, lo consideró inoportuno y precipitado.

Ahí murió la última llamada para legislar sobre la que será la primera reelección de diputados federales, porque la Carta Magna establece la obligación de dejar listas las reglas que se observarán en el próximo proceso electoral, 90 días antes de que inicie formalmente. Y eso ocurrió en octubre pasado.

Sin embargo, el INE insistirá en sus lineamientos: argumenta que deben pedir licencia, porque uno de los pilares de nuestra democracia es la equidad en la contienda, que se vería afectada si quienes desean competir lo hacen desde una posición ventajosa.

SEGUNDO AGARRÓN: A CONTAR DIPUTADOS

Sin embargo, no será el único tema que caiga en el hígado a los actores políticos. El Instituto alista también un acuerdo que implemente candados a la llamada sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. 

Gracias a la estrategia de “chapulineo”, las coaliciones electorales se han manipulado de tal forma que, desde los comicios de 2012-2015 y, obviamente, 2018, han llevado a la sobrerrepresentación de un partido: es decir, que tengan más diputados de los que merecen por los votos recibidos.

Esto lo prohíbe la Constitución en su artículo 54: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

Pero los partidos que encabezan las coaliciones han operado para que sus candidatos compitan bajo las siglas de un partido aliado, pero dejando claro a los electores que en realidad los representan a ellos. 

Luego, al ganar la elección, llegan a la Cámara por un partido aliado, pero en realidad están “disfrazados”. De este modo, violan la cláusula de sobrerrepresentación, que busca reflejar el equilibrio que los electores pretendían.

La mayor distorsión en la integración de la Cámara de Diputados ocurrió en 2018, cuando a los partidos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y PES, se les asignó un número de diputados que excedió en 16.2% el porcentaje de su votación. 

De haberse observado el límite del 8% de representación, Juntos Haremos Historia habría recibido 39 diputaciones menos.

El problema, sin embargo, se había presentado ya en 2015, e incluso en 2012, con coaliciones integradas por otros partidos, PRI y PVEM. Cabe recordar que ahora la ley obliga a que el ciudadano cruce emblemas separados, aunque se presenten en coalición, con el propósito de contar los votos de manera individual. 

Esto con el fin de que cada partido tenga su cuenta de sufragios, para que, con esa cifra, se les exija que sumen al menos el 3% de la votación para conservar el registro. 

En 2018, el Partido Encuentro Social perdió el registro al no alcanzar ese porcentaje. No ganó ningún distrito por sí solo, igual que el PT, pero obtuvo 56 diputados, como si fueran triunfos propios.

LA ADVERTENCIA DE CÓRDOVA

Para evitar la burla al principio constitucional de sobrerrepresentación en 2021, el INE emitirá un acuerdo en el que retomará tesis y jurisprudencia del TEPJF, para realizar una doble verificación a los partidos que compitan en coalición, sin importar de qué tipo sea: total, parcial o flexible. Todo retomando el trabajo de la Sala Superior del Tribunal, para que no los “tumbe” cuando los impugnen los partidos políticos.

Buscarán, primero, detectar a tiempo si se rebasa el 8% en la asignación de diputaciones a cada partido en lo individual. Luego confirmarán si eso sucede en alguna coalición. De ser así, el INE lo corregirá reduciendo las diputaciones plurinominales que asignará a los partidos de la coalición, comenzando por el que mayor exceso de curules presente.

Y es que, hace poco, Lorenzo Córdova lanzó una advertencia contundente: “La equidad es una responsabilidad que hemos venido cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo, pésele a quien le pese. El INE frente a cualquier actor, sea el presidente de la República, sean partidos políticos, sean gobernadores, etcétera, va a defender sus atribuciones, va a defender las condiciones que tiene que garantizar que las elecciones se lleven a cabo, sin entrar en conflicto con ninguno de ellos; pero sin permitir que ninguno de ellos intervenga”.

Sin embargo, toda decisión del INE se revisa en el TEPJF y hoy la sospecha ronda a esa institución, cuando su recién designado presidente, José Luis Vargas, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo titular es Santiago Nieto, ante la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, por millonarios movimientos de recursos que superan, por mucho, sus ingresos como magistrado electoral. El magistrado contestó que sus ingresos son ilícitos y que tiene manera de comprobarlo.