El Gobierno de Daniel Ortega sigue avasallando la libertad de expresión en Nicaragua. Este martes, el Parlamento leal al sandinismo aprobó la denominada Ley Especial de Ciberdelitos, cuyo objetivo principal es la criminalización de publicaciones en medios de comunicación independientes y redes sociales de contenido considerado por el Gobierno como falso con penas de cárcel que oscilan entre uno y diez años. La normativa, conocida como ley mordaza, no solo afecta a periodistas, sino también a cualquier ciudadano que vierta críticas contra la Administración de Ortega en plataformas digitales. La Ley Especial de Ciberdelitos es parte de un tridente legislativo promovido por el régimen de Ortega y que, según sus críticos, está ideado para acallar las voces disidentes que denuncian las constantes violaciones de derechos humanos que se cometen en este país centroamericano.

Lo que más ha llamado la atención con la aprobación de la ley de ciberdelitos es que es el mismo Gobierno quien determinará cuándo un periodista, medio de comunicación o un ciudadano publique una noticia falsa. La argumentación de la ley está redactada en el mismo tono que Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, utilizan para desacreditar públicamente las denuncias de violaciones de derechos humanos o investigaciones periodísticas. “Quien usando las tecnologías de la información y de la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se pondrá pena de dos a cuatro años de prisión y 300 a 500 días de multa”, reza el artículo 30 de la normativa, en cuyos numerales siguientes eleva la pena a cinco años de cárcel.

El Gobierno nicaragüense aprobó hace menos de 15 días, y como parte de ese tridente legislativo, la Ley de Agentes Extranjeros por la cual se bloquea la financiación y donaciones internacionales a la sociedad civil, ONG, periodistas y, en especial, a opositores para limitar sus actividades de organización política. Con esa ley más la Ley Especial de Ciberdelitos, queda ahora pendiente de aprobación la tercera norma del tridente, que impondrá penas de cadena perpetua para “castigar crímenes de odio” que Ortega achaca a sus detractores.

La normativa también impone penas de cinco a nueve años de cárcel por publicar filtraciones de información sobre el Gobierno, una práctica periodística recurrente en un régimen de cero información públicas.

Redacción