Culiacán, Sinaloa. La propuesta de resolver mediante la figura del Acuerdo los dictámenes de las cuentas públicas de ocho municipios, carece de la suficiente fundamentación y motivación jurídica, pues lo adecuado es que se garantice su máxima publicidad y transparencia a través de la figura del Decreto, estableció la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, en torno al planteamiento remitido al pleno del Congreso del Estado de Sinaloa por la Comisión de Fiscalización.

Basada en su amplia experiencia como diputada federal y local, Félix Niebla hizo uso de sus facultades como presidenta de la Mesa Directiva de la 63 Legislatura local, para fijar su postura “con el objeto de cuidar la eficiencia de los trabajos del Congreso, garantizando que los dictámenes cumplan con las normas que regulan su formalización y presentación, además de resolver dudas sobre la interpretación de ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria concreta”.

Félix Niebla hizo referencia puntual a los artículos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa que marcan las diferencias y efectos legales que determinan en qué situaciones se deben emitir Acuerdos y en qué situaciones Decretos.

“El acuerdo parlamentario resuelve cuestiones específicas en contexto, esferas jurídicas, ámbitos territoriales, temporales y materiales igualmente específicos y genera efectos jurídicos que no trascienden de la esfera formal de la autoridad legislativa.

“En contraste, para esta presidencia, los proyectos que deben ser presentados a través  de los dictámenes que remiten la CF deben contener decretos, toda vez que en los mismos se generan derechos y se imponen obligaciones derivadas de sujetos específico en un contexto que ya no es únicamente del ámbito legislativo”, explicó la legisladora priista.

La Comisión de Fiscalización propuso que los resolutivos de los dictámenes de las Cuentas Públicas de los municipios de Angostura, Choix, Concordia, Cosalá, Guasave, Navolato y Salvador Alvarado, se emitan bajo la figura del Acuerdo, lo cual evitaría al Poder Ejecutivo intervenir en la fiscalización de las mismas, así como su derecho de veto.

“Cabe señalar que de una revisión al modelo de Fiscalización Superior adoptado por nuestra Constitución o nuestra Carta Magna y la legislación anterior al Congreso de la Unión, se advierte que el producto legislativo que se propone al pleno de la Cámara respectivamente, son el de un Decreto”, ratificó.

Enrique Rodríguez