Ciudad de México

Cada uno ajustado a su cálculo, estilo y ritmo, mandatarios estatales asumen la creciente certeza de que se hallan en la ruta de un choque de trenes con la administración López Obrador. La polarización política y la crisis económica agudizan el riesgo de esta colisión.
Apenas este fin de semana, siete gobernadores, de orígenes partidistas diversos, perfilaron una agenda de discrepancias con Palacio Nacional: el manejo de la pandemia, la política energética y de seguridad, así como el control de las finanzas federales, que solo en lo que resta de este año despojará a los estados de más de 80 mil millones de pesos en participaciones fiscales, y amaga con sustraerles una cantidad similar del llamado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FIIEF), que se acumula por ley para paliar situaciones críticas.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), leyó el viernes un posicionamiento sobre estos temas, reunido con sus homólogos de Jalisco, Enrique Alfaro (MC); Coahuila, Miguel Riquelme (PRI); Nuevo León, Jaime Rodríguez (independiente); Durango, José Rosas (PAN); Colima, Ignacio Peralta (PRI), y Michoacán, Silvano Aureoles (PRD).
En ruta paralela, otros gobernadores, entre ellos los de Aguascalientes, Martín Orozco; de Guanajuato, Diego Sinhu Rodríguez, y Querétaro, Francisco Domínguez, sostienen deliberaciones sobre el camino a seguir ante estos mismos retos.
De lo que no existe duda es de que, ante la debilidad de otras instancias (los partidos, el Congreso), los gobernadores constituyen ya el principal polo opositor a la 4T.
Quizá el mayor desafío para esta coyuntura es el reclamo de cada vez más estados en favor de modificar el pacto hacendario que hoy hace que la Federación controle 8 de cada 10 pesos recaudados, y asigne el resto a las entidades bajo criterios muy controvertidos.
Solo tres de los 15 estados en donde se genera la mayor captación fiscal federal son hoy gobernados por Morena: CDMX, Veracruz y Baja California. El resto se halla en manos de la oposición. Por orden de montos recogidos: Tamaulipas, Nuevo León, Edomex, Colima, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Guanajuato, Sonora y Querétaro. Los montos en que regresa parte de esos dineros a los estados generadores lucen harto caprichosos. Tamaulipas es el captador número 2, pero el 13 como receptor de participaciones federales. Querétaro, el 15 como receptor, y el 25 en aportaciones recibidas…
Otro flanco de malestar entre los gobernadores de oposición (salvo los ubicados en el sur-sureste) es que sus estados no son sede de obras federales importantes, a pesar de haber sometido proyectos sólidos ante el gobierno López Obrador.
Singularmente, la pandemia ha introducido un nuevo enfoque a estos escenarios. Diversas entidades, especialmente en el centro-norte del país, arrebataron el protagonismo político al poder central porque exhibieron mayores capacidades organizativas y de infraestructura de salud, mientras quedaba al desnudo el efecto que han traído años de abandono sobre instituciones como el IMSS o el ISSSTE, por no hablar del Instituto Nacional del Bienestar (Insabi), reducido a la mayor entelequia creada por la administración López Obrador.
La operación del propio Insabi, confiada al tabasqueño Juan Antonio Ferrer, es ahora tan fantasmal como su titular. Un bloque de estados se sumó al organismo, lo que les supuso ceder el control de su sistema de salud. Otros se rehusaron, y encaran una ominosa advertencia presidencial, expresada el 7 de febrero en Guanajuato: “Vamos a ver quién es quién…”.
Al presentarse la emergencia sanitaria tuvimos un avance de ello, pero quizá no en el sentido que calculaba el Presidente. Según cifras oficiales, en Guanajuato, por ejemplo, la red hospitalaria pública estatal contaba con 674 ventiladores pulmonares; los hospitales del IMSS en la entidad, 165; el ISSSTE, 40; Pemex, 11, y la Defensa, cuatro. Las cifras respectivas para camas de terapia intensiva eran: 191, 45, 8, 7 y 4.
Un nuevo flanco en este proceso de ruptura entre los estados y el gobierno lo constituirán pronto las evidencias de que los programas asistenciales federales, incluso los destinados para aliviar los efectos de la pandemia, han sido entregados a los beneficiarios a condición de que se inscriban en el padrón de militantes de Morena.

El Universal