Ciudad de México
La pandemia acentuó una discusión vieja: algunos estados dan más a México de lo que reciben.
La razón de la mayor fricción está, a decir de gobernadores como Enrique Alfaro, de Jalisco, en que lo que les entrega de vuelta la federación, no alcanza para atender bien a los pacientes que enfrentan el COVID-19, ni la crisis económica que desató esta enfermedad.
Eso ocurre, pero hay otro asunto de fondo: la eliminación en este año del Ramo 23, que permitía a los estados conseguir recursos extraordinarios para proyectos específicos, pero que expuestos a actos de corrupción, enfrentaron críticas y su desaparición con la llegada de Morena al poder. Los gobernadores enfrentan con menos herramientas esta tormenta.
Ayer, la mexicana HR Ratings, una calificadora crediticia que compite en el ambiente de Fitch o Moody’s, afinó la discusión con un ranking basado en datos a 2018: ¿Qué estados ‘padecen’ más el desbalance entre lo que recaudan y lo que reciben por transferencias federales?
En primer lugar, Colima, cuyos habitantes reciben 11 centavos por cada peso que recaudan para las arcas de la federación. Luego, la Ciudad de México, Tamaulipas y Nuevo León, en ese orden. Los nuevoleoneses hasta 2018, recibían 23 centavos por cada peso.
Después de ellos, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Querétaro, Sinaloa y Michoacán, estado que completa el grupo de los 10, cuyos representantes pueden argumentar una relación más desbalanceada con el centro del país.
Quintana Roo, Coahuila, Jalisco, Aguascalientes, Sonora, Baja California Sur, Estado de México, Guanajuato, Yucatán y San Luis Potosí, se ubican a media tabla en un grupo de entidades que se aproximan a recibir un peso por transferencias federales por cada peso recaudado.
Bajo esta misma lógica, la entidad más dependiente de la federación es Chiapas, con casi 8 pesos por cada uno de los que recaudó en 2018, luego Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Durango, Hidalgo, Tabasco, Nayarit, Campeche, Morelos, Puebla y Zacatecas, que obtuvo el doble de lo que acopió para la federación en ese año, de acuerdo con el análisis de HR ratings.
Todos esos estados enfrentan además una realidad: la entrega de estos ingresos extraordinarios y deliberadamente desbalanceados, no han propiciado un crecimiento económico que les permita alcanzar a otras entidades. Eso es la discusión de fondo.
Pero volviendo al año 2020 y lo que puede venir como efecto de esta relación asimétrica con la federación, vendrán tres etapas inevitablemente, una detrás de la otra. Primero, está el inmediato:
Yucatán, Jalisco y Tamaulipas, entre otros, estructuran ya estrategias para obtener recursos extraordinarios por la vía de préstamos bancarios de corto plazo para solventar la crisis.
Las instituciones financieras aguardan el momento, pues apetito hay, me expuso Ricardo Gallegos, director de Deuda Subnacional de HR Ratings.
Es la primera reacción de los gobernadores, posterior a la reducción de gastos y el reacomodo del presupuesto para dirigirlo a la atención de primer nivel para la gente.
Pero luego vendrá la estrategia de préstamos de largo plazo, en los cuales hay todavía más interés por parte de los bancos, considerando la dificultad para que una entidad federativa incurra en “default”. “Tendría que venir una guerra civil” antes de que las entidades incurran en el impago de largo plazo, me aclaró Gallegos.
Esos créditos podrían permitir a las entidades reactivar la economía una vez pasada la pandemia. Posiblemente a partir del 2021.
Algunos estados preocupan más a este experto en materia de deuda: Quintana Roo, definitivamente golpeada en la que parece su única actividad productiva, el turismo.
Luego, Chihuahua, Jalisco y Baja California, que tienen una limitada flexibilidad financiera.
Después de los préstamos vendrá la discusión definitiva: ¿puede cambiar la fórmula de repartición de impuestos federales? “Definitivamente debe revisarse”, me dijo el ex subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, en una conversación reciente.

El Financiero