Culiacán, Sinaloa
Posicionamiento en torno a la propuesta de MORENA de que el INEGI se convierta en instancia fiscalizadora para investigar riqueza patrimonial 18 de mayo de 2020.
El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, rechaza la propuesta de la dirigencia de MORENA de facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”, puesto que es, a todas luces, arbitrario, inconstitucional e inconvencional.
Es inadmisible que el gobierno federal y su partido continúen utilizando la emergencia sanitaria como pretexto para eliminar derechos constitucionalmente reconocidos y que históricamente han constituido un límite a la arbitrariedad y el abuso de poder.
La propiedad privada, la seguridad jurídica y la inviolabilidad del domicilio constituyen derechos fundamentales que se encuentran garantizados constitucionalmente y en diversos instrumentos internacionales que son de observancia obligatoria para el Estado mexicano.
Lisa y llanamente, la propuesta de MORENA representa un atentado contra los derechos a la propiedad privada, a la seguridad jurídica y a la inviolabilidad del domicilio y contraviene lo dispuesto en artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
De igual forma, violenta los artículos 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su domicilio.
Cualquier acto de molestia debe cumplir con las formalidades y requisitos constitucionalmente exigidos, y observar los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, pues, de lo contrario, resulta atentatorio de derechos humanos elementales. La propuesta de MORENA no cumple con ninguno de estos requisitos.
En los hechos, se trata de otorgar amplias facultades a la autoridad para que allane un domicilio particular y fiscalice información financiera, sin controles jurisdiccionales ni restricciones legales que garanticen los derechos fundamentales de los mexicanos.
Redacción