El documento destaca que, para alcanzar ese propósito, el oficialismo pondrá en marcha acciones para debilitar a los contrapesos del Ejecutivo, a las autoridades electorales y las oposiciones, además de exacerbar la polarización e intensificar las movilizaciones sociales con fines político-electorales.
Prevé 10 riesgos políticos para este año, entre los que destacan los embates del gobierno contra la autonomía y eficacia del Instituto Nacional Electoral (INE), desde tres frentes: el intento, del gobierno y Morena para sesgar el proceso de nombramiento de cuatro consejeros electorales con perfiles afines, previsto para el primer trimestre de 2023.
Además, problemas operativos y de gestión tras la aprobación de la reforma legal en materia electoral que reduce y modifica la estructura del INE y litigios por su implementación, ante la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tribunales laborales, "lo cual aumenta los riesgos de ineficacia gubernamental, concentración de poder e incertidumbre jurídica".
Integralia ve otro riesgo en la intención de grupos criminales de aprovechar los procesos electorales para imponer o extender acuerdos con las administraciones y operar con impunidad.
"Los actores locales son especialmente vulnerables, pues detentan el poder a nivel territorial. Ante la debilidad del Estado de derecho, las elecciones de 2023 y el inicio del proceso electoral de 2024 aumentan la probabilidad de violencia política y electoral contra actores políticos y funcionarios públicos. Esto puede agravar la inseguridad y la ineficacia gubernamental", alerta.
El tercer riesgo tiene que ver con las tensiones comerciales con Estados Unidos y Canadá por disputas en el marco del T-MEC, que derivan en deterioro económico e incertidumbre jurídica, particularmente por la política energética y la prohibición de importación de maíz transgénico.
Subraya que, de instalarse paneles de controversias en 2023, México tendría alta probabilidad de perder en ambos temas, lo que resultaría en afectaciones y riesgos para la inversión privada.
El cuarto riesgo es que la hegemonía regional de Morena se agudice con el triunfo electoral en al menos una de las dos entidades federativas en disputa este año, Coahuila y el Estado de México, con lo que aumentará el riesgo de concentración de poder e ineficacia gubernamental.
Un riesgo más es que el presidente López Obrador continúe promoviendo la militarización de las tareas y responsabilidades civiles, lo que acrecienta la dependencia del gobierno hacia las Fuerzas Armadas y propicia más su fortalecimiento político y económico, señala.