CULIACÁN, SINALOA.– Tras el anuncio del Gobierno del Estado sobre un "mega operativo" de seguridad para el próximo periodo vacacional, la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, calificó de preocupante que se invite a la ciudadanía a salir a las calles cuando la violencia sigue cobrando vidas en la entidad. "Estamos en manos de Dios los sinaloenses, porque el gobierno no ha hecho su tarea. La evidencia sale a la luz todos los días, mañana, tarde y noche", señaló.
Criticó la narrativa oficial que intenta proyectar normalidad. "Por más narrativa de que todo está bien, ha sucedido en muchas otras ocasiones que la gente encuentra la tragedia, la muerte y el despojo", puntualizó, señalando que la responsabilidad primaria de cualquier gobierno es garantizar la paz y no se está cumpliendo.
Para Gárate, esta falta de seguridad se refleja en cifras críticas: en lo que va de 2026, 20 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa, de las cuales 15 han sido tipificadas como feminicidios. Esto representa un incremento del 240% respecto al mismo periodo de los dos años anteriores.
Sinaloa: Epicentro de violencia feminicida
En su posicionamiento, la diputada detalló que en enero de 2026 el estado concentró casi el 15% de los feminicidios de todo el país, posicionándose como la entidad con mayor incidencia nacional.
"Las mujeres que hoy son cifra, antes fueron denuncia. Y nadie las escuchó", afirmó, quien resaltó que el 79% de estos crímenes se cometen con armas de fuego, evidenciando cómo la violencia de género se cruza con la impunidad de la delincuencia organizada.
Exigen comparecencia de gabinete de seguridad
Ante la gravedad de la situación, Gárate demandó la comparecencia inmediata ante el Congreso del Secretario de Seguridad Pública, la Fiscal General del Estado y la Secretaria de las Mujeres, Ana Chiquete.
Como propuesta concreta para frenar esta crisis mientras el estado se prepara para las vacaciones, presentó un plan para integrar células de atención inmediata conformadas por policías de género, psicólogas y abogados, que garanticen una respuesta institucional coordinada en un máximo de 20 minutos ante cualquier reporte de riesgo.