La desconfianza y el enfado se han asentado como divisa principal en el universo alrededor del caso Ayotzinapa. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y el Gobierno se miran con recelo, los primeros molestos por la falta de respuestas a sus exigencias, centradas en la entrega de cientos de documentos militares con información sobre el caso, cuya existencia el Gobierno niega. El Ejecutivo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, critica a los asesores y los abogados de las familias, responsables, según el mandatario, de esa desconfianza creciente. Este domingo, familiares de los 43 anunciaron un boicot para el proceso electoral de junio. López Obrador ha contestado este lunes que los recibirá el 3 de junio, el día después de los comicios.
“No queremos que un asunto tan importante, serio, de justicia, lo conviertan en una cuestión politiquera”, ha dicho el presidente, que enseguida ha aclarado que no se refería a las familias, sino sus abogados y supuestos asesores. “No estoy hablando de los padres. Su principal asesor, [el senador Emilio] Álvarez Icaza, se dedica nada más a atacarnos. Pero además, uno de los abogados de las familias”, ha dicho, en referencia a Vidulfo Rosales, “declaró que iban a ir a buscar a una candidata para reclamarle, o para enfrentarla. Ahora lo están componiendo, hablan de bloquear las elecciones”, ha añadido.
López Obrador ha seguido: “Me da mala espina y tengo elementos como para decir que hay que evitar provocaciones, no caer en trampas, que no utilicen estos casos con propósitos electorales. Si tienen diferencias con nosotros, en lo político o ideológico, lo podemos resolver, o enfrentar, con urbanidad política”. Preguntado por el anuncio del boicot, el mandatario ha dicho que las elecciones no están en riesgo. “Para nada”, ha asegurado, “yo tengo que hablar con los padres y lo voy a hacer, pero lo que no quiero es que haya manipulación con fines electorales”, ha zanjado.
Esa reunión que ha mencionado López Obrador figura en el origen del último desencuentro entre las partes, en el marco de las exigencias de las familias sobre los documentos castrenses. En los últimos meses, las familias de los 43 han insistido en que el mandatario les reciba, única manera de que el barco desencalle. Al principio parecía que el presidente los recibiría antes del proceso electoral, pero luego decidió dejarlo para después, mientras decía, además, que quería hablar con las familias, pero sin sus abogados. Este lunes, integrantes del sindicato de maestros, suerte de intermediarios de facto entre las partes, han anunciado que la reunión se celebrará el 3 de junio.
En el mapa de villanos del Gobierno en torno al caso Ayotzinapa, abogados, asesores y jueces aparecen como figuras destacadas. La pelea por la narrativa alrededor de la investigación arrecia por temporadas. Por un lado, el Ejecutivo ha destacado el avance en las pesquisas –que los ha habido, como el hallazgo de huesos de dos de los 43–, y ha criticado a los jueces que en años pasados liberaron a detenidos por el caso. Por el otro, las familias y sus abogados han criticado los movimientos de López Obrador que, a su juicio, han desequilibrado los trabajos de investigación, forzando la salida de las personas que los lideraban. Las familias han mostrado su enfado también por el asunto de los documentos militares, entuerto de difícil solución.
Con todo revuelto, parte de las familias de los 43 se reunieron el domingo en asamblea, con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y de colectivos de familiares de personas desaparecidas. Todos firmaron un documento, que señalaba el “fracaso” en las pesquisas por el caso Ayotzinapa. “Existen pruebas de que las investigaciones avanzaban, pero cuando la misma tocó al ejército mexicano, el presidente frenó las pesquisas, para encubrirlos”, reza el texto. Luego, exige al presidente que se reúna con ellos, sin tener en cuenta el calendario electoral.
El documento concluye: “No militamos ni obedecemos a ningún partido político, pero estamos en nuestro derecho de protestar y exigir diálogo con el presidente y mientras esto no ocurra la protesta llegará a las campañas electorales. Si no hay diálogo, la fiesta electoral se empañará con la voz de Ayotzinapa exigiendo verdad y justicia por los 43″. Resulta complicado anticipar el tamaño y el resultado de las protestas. En la última oleada, algunos familiares de los 43 y alumnos de la escuela llevaron la queja a Palacio Nacional, donde derribaron una de las puertas de acceso.