La Cámara de Diputados ha sido en este sexenio la preferida del Presidente de la República: 90% de sus iniciativas fue enviado a San Lázaro.

Pero en la actual legislatura la coalición gobernante perdió peso y sólo pudo concretar el 43 por ciento de las propuestas de cambios enviadas por el ejecutivo federal.

Se trata de uno de los porcentajes más bajos que ha tenido un gobernante mexicano desde que inició la alternancia democrática en México, según datos registrados por Buró Parlamentario que dirige el especialista en la materia Sergio A. Bárcena.

Ante ese panorama y con el sustento de un análisis del comportamiento legislativo en los últimos 24 años, el académico advierte que es muy poco probable que las propuestas que el mandatario enviará hoy al Congreso sean aprobadas en lo que resta de la actual Legislatura, cuyo último periodo ordinario de sesiones inició este jueves 1 de febrero y concluirá el 30 de abril.

Considera el investigador del Tecnológico de Monterrey Campus CDMX que las próximas reformas presidenciales serán más simbólicas, porque “se anticipa poco probable que le aprueben su paquete que quedará más como legado político o una forma de darle línea para la precandidata Sheinbaum”.

La revisión de lo sucedido entre 2021 y 2023, le permite a Bárcena sostener que las iniciativas del Ejecutivo enfrentaron resistencia legislativa y largos periodos de procesamiento de más de seis meses en promedio.

DESPERDICiO

“Casi siempre el primer trienio del sexenio es cuando trae el Ejecutivo su bono de votos. Es cuando introduce sus iniciativas más significativas y cuando tiene un poquito más de aprobación”, comenta en atención a lo sucedido en los últimos cuatro sexenios.

Plantea el experto que en México se ha observado la tendencia de que, en su primera parte, los presidentes de la República que dependen de la oposición para impulsar reformas constitucionales tienen mejores posibilidades de sacarlas adelante.

Porque, en la segunda parte, viene “lo que los estadounidenses llaman el pato cojo, es decir, que el Congreso ya no los pela tanto”, comenta Bárcena, con doctorado en Ciencia Política y especializado en medir la eficacia legislativa.

“Porque ya es un Congreso más centrado en la siguiente elección. Es decir, en la segunda legislatura normalmente no les va bien. Y los números que, hasta ahora, en la actual legislatura, ha traído el presidente López Obrador sí son muy bajos con respecto de lo que hemos visto históricamente en la transición”, plantea en entrevista con Excélsior.

“El Presidente de la República se equivocó porque varias iniciativas que introdujo en su segundo periodo debió haberlas enviado en el primero, por ejemplo, la electoral, la eléctrica que eran temas prioritarios para su agenda. No sé por qué se le pasaron y los metió hasta después”, señala.

Sostiene Sergio A. Bárcena que además el Ejecutivo federal en este sexenio envió demasiadas propuestas que tampoco eran relevantes para la población en general.

“Por ejemplo, la que garantiza que los extranjeros puedan opinar, que estaba dirigida totalmente casi, casi con el nombre de Abraham Mendieta y que no son iniciativas tan importantes, pero sí simbólicas para la Presidencia. Ha tenido muchas iniciativas simbólicas a comparación de otros Ejecutivos”.

Simbólicas, porque no buscan hacer grandes transformaciones, no son de gran calado, sino que son para hablarles a ciertos sectores del electorado: iniciativas como que exista un año de Pancho Villa, otro año de Flores Magón o el actual que es de Felipe Ángeles, héroe del proletariado”.

LA LUNA DE MIEL DEL PRIMER PERIODO

Esos señalamientos del académico están sustentados en la eficiencia legislativa de los últimos cuatro gobernantes, incluido el actual.

Siendo el primer gobierno de un partido diferente al hegemónico PRI que había gobernado casi siete décadas, el presidente Vicente Fox consiguió que le avalaran el 72% de las iniciativas que envió entre los años 2000 y 2003 y 64 por ciento de las presentadas de 2003 a 2006.

Las cifras en el sexenio de Felipe Calderón siguieron siendo altas aun cuando, como su antecesor, se quedó sin concretar modificaciones en materia fiscal y energética: 77% de sus propuestas se publicaron como decretos en la legislatura que fue de 2006 a 2009 y 65% en la de 2009 a 2012.

Los mejores números en aprobación de reformas constitucionales los tiene la gestión de Enrique Peña Nieto, en cuyo gobierno se diseñó con la oposición el denominado Pacto por México, consiguiendo un porcentaje de 77 de respaldo en las iniciativas enviadas a San Lázaro entre 2012 y 2015. Pero en el segundo trienio de su sexenio, el priista afrontó una situación similar a la que ahora tiene el Ejecutivo federal al conseguir que sólo le aprobaran el 31% de sus propuestas.

De manera similar, López Obrador tuvo una eficacia legislativa alta al arrancar su administración, toda vez que en ese lapso Morena incorporó a varios diputados del PRD y la bancada del PVEM que electoralmente llegó coaligada con el PRI, desde principios de la 64 legislatura saltó a convertirse en aliada gubernamental.

Eso explica que el 88% de las iniciativas enviadas desde Palacio Nacional terminaran siendo un decreto publicado en el Diario Oficial.

CIERRE SEXENAL SIN REFORMAS

Con esos antecedentes, la cifra de 43% en el segundo tramo del actual gobierno perfila un cierre sexenal de escasos resultados en cambios constitucionales.

Esta dificultad del mandatario para sacar adelante transformaciones estructurales es un antecedente que desde ya permite prever al académico Sergio A. Bárcena que las reformas del denominado plan C pasarán a formar parte del 57% de las iniciativas presidenciales que no tuvieron buen fin.

Las dificultades para concretar reformas constitucionales se presentaron particularmente en la 65 legislatura que el pasado jueves inició su último periodo de sesiones ordinarias y en el que la oposición cerró filas para rechazar cambios en materia eléctrica y electoral.

En abril de 2022, el Presidente de la República buscaba dejar establecidos en los artículos 4, 25, 27 y 28 los cambios que darían hegemonía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho eléctrico.

Y en diciembre de 2022 buscó modificar 18 artículos de la Constitución al reformar, adicionar o derogan diversas disposiciones de La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En ese paquete de ajustes destacaba el trastocamiento en particular de dos artículos de la Constitución Política que son pilares del sistema autónomo al gobierno que se ha diseñado a lo largo de diversos acuerdos entre las fuerzas partidistas en México: el 41, que da soporte al Instituto Nacional Electoral (INE), y el 134, que faculta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a evitar el uso de recursos públicos a favor de uno de los competidores de una contienda, así como la intervención de los funcionarios para inducir el voto a favor o en contra de algún candidato.

JAQUE A LA CONSTITUCION CON REFORMAS SECUNDARIAS

Como ha ocurrido a lo largo del sexenio, cabe la posibilidad de que el mandatario federal insista en enviar iniciativas que sólo modificarían leyes secundarias, pero que en los hechos son contrarias a artículos de la Constitución.

Tres ejemplos se dieron con tres temas pendientes en los que el Presidente ha insistido a lo largo de su mandato y que, según ha adelantado en sus conferencias, podrían ser materia de las reformas que presentará hoy: Darle a la CFE mayor poder en el mercado eléctrico, cercenar o incluso eliminar al INE y militarizar al 100% la Guardia Nacional.

El 2 de septiembre de 2022, vía fast track, sin previa dictaminación en comisiones, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del PVEM aprobaron la reforma a varias leyes que permitían cambiarle el mando civil a mando militar a la Guardia Nacional.

Ese decreto que también fue avalado por senadores fue invalidado en abril de 2023 por 8 de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Antes de intentar la reforma constitucional, el Ejecutivo federal había conseguido modificar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en febrero de 2021, alegando que así se recuperaba la rectoría del Estado en la generación de la electricidad y se daba fin subsidios para empresas privadas.

En abril de 2022 se declaró la validez constitucional de la LIE, después de una votación entre los 11 ministros que dejó muchas dudas en torno al respaldo y rechazo que cada uno de ellos manifestó respecto a los componentes de la ley que, según la mayoría, en varios de éstos violaba la Constitución.

Esa modificación legal para darle preponderancia a la CFE por encima de los productores privados en el mercado eléctrico fue, sin embargo, calificada de inconstitucional el pasado miércoles por la Segunda Sala de la SCJN, al analizar algunos de los cientos amparos que en contra de la LIE han presentada las empresas afectadas.

Lo mismo sucedió en materia electoral. Una vez que el 6 diciembre de 2022 la reforma constitucional no alcanzó los votos de la mayoría calificada que se requieren en Cámara de Diputados –ya que sólo hubo 269 a favor, cuando teóricamente se requerirían 334 si es que acuden los 500 diputados–, Morena y sus aliados sometieron al pleno, sin previa discusión en comisiones, el denominado plan B.

Se trató de un albazo para sacar adelante leyes secundarias que en la práctica trastocaban los artículos 41 y 134 o entraban en contradicción con éstos.

En dos sesiones diferentes, una en junio y otra en septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los cinco ordenamientos que integraban el plan B electoral presidencial. Con el voto de 9 de los 11 ministros, la SCJN ni siquiera entró al fondo del asunto por considerar que en el proceso legislativo hubo graves violaciones porque se careció de la deliberación democrática requerida.

SÍ EXISTE EL PRIMOR

Al documentar que San Lázaro ha sido la cámara de origen del gobernante en un 90% de los casos, el especialista muestra también que los números de las iniciativas concretadas a nivel constitucional confirman que sí hubo colaboración del PRI con el gobierno, por lo que existen evidencias que acreditan la existencia del denominado “Primor parlamentario”.

Precisa el experto que, en 16 de las 18 reformas constitucionales enviadas por el Ejecutivo, la bancada priista colaboró, es decir, en un 88%; ese porcentaje disminuye a 75% en el caso del PAN, a 69% en el PRD y a 56 en Movimiento Ciudadano.