La Cámara del Trabajo, un tribunal con competencia federal especializado en asuntos laborales, argentino declaró la invalidez constitucional de la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei este miércoles.
El tribunal de apelaciones resolvió “modificar la sentencia apelada, haciendo lugar a la acción de amparo iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional” y “declarar la invalidez constitucional del Título IV” del Decreto Nacional de Emergencia (DNU) presentado por Milei al inicio de su gobierno.
Los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera reconocieron al principal sindicato la “legitimación activa” para cuestionar todos los artículos de la reforma laboral incluida en el DNU y no solo aquellos que hacían a derechos colectivos, como había ocurrido en primera instancia.
Las radicales reformas impulsadas por el ultraliberal Javier Milei desde que llegó a la presidencia de Argentina, hace 45 días, enfrentan obstáculos políticos, económicos y judiciales, a los que se sumó la semana pasada una huelga general.
Rechazo en el Congreso
Por el lado legislativo, los planes de Milei tampoco tienen un futuro prometedor.
El polémico paquete de reformas económicas y ajuste fiscal impulsado por el presidente ultraliberal estaba empantanado el martes en el Congreso argentino, por falta de apoyo político de fuerzas parlamentarias y de varias provincias.
Apenas asumió, Milei envió en diciembre al Congreso, donde su partido La Libertad Avanza (LLA) tiene tan sólo 38 de los 257 diputados, una "Ley Ómnibus" con más de 600 artículos de reforma de centenares de leyes y normas del sistema económico y político argentino.
El rechazo de la oposición peronista (primera minoría legislativa), de fuerzas afines de centroderecha, de gobiernos provinciales y de distintos sectores sociales, como el de la ciencia y la cultura, llevaron al oficialismo a resignar ya casi la mitad de los artículos del texto.
El lunes, varios gobernadores centroderechistas de provincias afectadas por el ajuste fiscal plantearon nuevos cambios en el sistema de coparticipación de impuestos con el Estado central en este país federal, lo que puso el debate de la ley nuevamente en duda.
"Lo que en realidad quieren los diputados del 'bloque extorsión' es seguir viviendo del negocio de la política", fue el comentario del dirigente derechista Joaquín de la Torre en X, que republicó el lunes Milei, hiperactivo estos días en las redes sociales.
El gobierno ya había retirado el viernes el corazón fiscal del proyecto, que incluía, entre otros, moratorias fiscales, cambios en impuestos al patrimonio, a los altos ingresos y a las exportaciones, y modificaciones en el cálculo del aumento de jubilaciones.
El texto original de la "Ley Ómnibus" le aseguraba a Milei un recorte del gasto público de alrededor de 5% del PIB, que ahora sólo podrá alcanzar con otras medidas de ajuste.
El Ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que mantendría inalterable su meta de lograr el "déficit cero" en 2024, a través de otros recortes de gastos, por ejemplo de transferencias de fondos con los que las provincias sufragan sus gastos corrientes.
El peronismo, que gobernó hasta diciembre, y fuerzas de centroderecha, siguen objetando las propuestas de privatización de unas 40 empresas públicas, así como la toma de deuda en moneda extranjera y, sobre todo, el otorgar "facultades delegadas" discrecionales a Milei para adoptar medidas sin control del Congreso.