Luego de la votación en fast track para realizar reformas a la Ley Minera por parte de la Cámara de Diputados, organismos empresariales del sector demandaron discutir los cambios a la ley antes de que se vote en el Senado de la Republica.

Por una parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expuso que el Senado debe convocar a un parlamento abierto con todos los actores del sector.

"El Senado de la República debe convocar a un parlamento abierto y dar el tiempo necesario para realizar un análisis riguroso y una discusión legislativa amplia, incluyente e informada, con la participación de todos los actores involucrados", indicó en un comunicado.

Hoy por la madrugada, con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, diputados de Morena y Movimiento Ciudadano aprobaron en lo general modificaciones a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En las modificaciones presentadas por Morena -que no corresponden a las presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador- destacan la reducción de los tiempos de concesiones mineras, ya que ahora éstas se darán en un plazo de 30 años con una sola prórroga de 25 años.

La iniciativa presentada por el presidente sostenía que las concesiones mineras tuvieran una durabilidad de 15 años con una sola prórroga; mientras que la ley actualmente establece un periodo de 50 años de durabilidad extendido hasta por 100 años totales.

Además del otorgamiento y revisión de los concesiones, éstas también quedarán sujetas a la disponibilidad de recursos hídricos existentes en el subsuelo nacional, y de ser necesario, ser retirada la concesión si en dos años no se reportan avances del proyecto minero.

También se establecieron modificaciones en los artículos 10 y 10 bis, en el que artículos 10 y 10 bis de la reforma, en el que se deja en manos del Servicio Geológico Mexicano la condición monopólica de la exploración, desplazando la participación del sector empresarial.

Entre las propuestas también se destaca la recuperación de la rectoría por parte del Gobierno Federal sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentren al interior de los proyectos mineros, y que estos queden a dominio del Estado.

"La reforma votada en fast track prevalecen temas relativos a la exploración, pago de contraprestaciones y restricciones que impactarían a la industria que genera el 2.5 del PIB y más de 400 mil empleos directos", acusó la AIMMGM.

Por su parte, en una muy breve postura, la Cámara Minera de México (Camimex) reconoció el diálogo abierto con el Gobierno Federal y grupos parlamentarios para discutir el proyecto legislativo, posición que también reconoció la Asociación.